Guerra Civil Española
Conflicto bélico que
dio comienzo en julio de 1936, a raíz de la sublevación de un sector del
Ejército contra el gobierno de la II República española, y que concluyó el 1 de
abril de 1939 con la victoria de los rebeldes. El triunfo de éstos permitió la
instauración de un régimen dictatorial encabezado por el general Francisco
Franco, principal dirigente militar y político de los sublevados, que sustituyó
al sistema parlamentario republicano.
Desde el primer momento,
el territorio nacional quedó dividido en dos zonas en función del éxito que
obtuvieron los militares sublevados. Prácticamente se reproducía el mapa
resultante de las elecciones de febrero de 1936; salvo casos aislados, los
militares triunfaron en aquellas provincias donde fueron más votadas las
candidaturas de derechas, mientras que fracasaron en aquellas donde la victoria
electoral correspondió al Frente Popular. El “Alzamiento” (nombre dado por los
rebeldes a su levantamiento contra el gobierno constitucional republicano)
comenzó el 17 de julio en la ciudad norteafricana de Melilla. Las unidades
militares destacadas en Marruecos que no controlaba el gobierno republicano se
hicieron pocas horas después con Tetuán y Ceuta. El general Francisco Franco
partió el día 18 desde las islas Canarias hacia Tetuán, en una avioneta privada
(Dragon Rapide). Ese mismo día se sublevaron los mandos militares de
otras divisiones peninsulares; sin embargo, el levantamiento fracasó en las
principales ciudades del país. Por otro lado, el 20 de julio de ese mismo año,
recién comenzada la sublevación, falleció en un accidente de aviación el que
había sido designado por los conspiradores jefe de la rebelión, el general José
Sanjurjo. |
| Ultima imagen del general José Sanrujo |
Desde el día 18, ni el
gobierno ni los rebeldes controlaban la totalidad del país. En un principio, la
sublevación dejó en manos de los rebeldes Galicia, Navarra, Álava, el oeste de
Aragón, las islas Baleares (excepto Menorca) y las Canarias, así como la zona
del protectorado español sobre Marruecos, buena parte del territorio de lo que
hoy es la comunidad autónoma de Castilla y León, casi toda la provincia de Cáceres
y algunas poblaciones de Andalucía. El gobierno republicano conservaba casi
toda Andalucía, el País Vasco (salvo Álava), Asturias (excepto la ciudad de
Oviedo) y Cataluña, así como la isla balear de Menorca y los territorios de las
actuales comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Región de
Murcia y la Comunidad Valenciana. Conforme avanzó la contienda, el poder
republicano perdió zonas que, desde finales de marzo de 1939, pasaron íntegras
a disposición del Ejército franquista.
De cualquier forma, el
comienzo de la guerra estuvo vinculado al plan establecido previamente por los
conspiradores en la primavera de 1936 y en el que participaron mandos militares
—la antirrepublicana Unión Militar Española (UME) y la Junta de generales (de
la que Emilio Mola era el coordinador)— monárquicos, tradicionalistas
(carlistas) y otros sectores de extrema derecha. El asesinato de José Calvo
Sotelo, líder del derechista Bloque Nacional y participante activo en la
conspiración contra el gobierno, que tuvo lugar la noche del 12 al 13 de julio,
fue el episodio previo al pronunciamiento militar.
Pronto pudo comprobarse
que el plan conspirador había fracasado y que el pretendido pronunciamiento
decimonónico se convertiría en una guerra larga y cruel de tres años. Durante
este trienio las operaciones militares permitieron establecer un desarrollo
cronológico, a partir del paso del estrecho de Gibraltar por las tropas del
Ejército de África mandadas por el general Franco (julio-agosto de 1936), con
tres fases principales. La primera muestra la importancia que ambos bandos
otorgaron a la ocupación de Madrid, ciudad que, en consecuencia, pronto fue
motivo de asedio por las tropas insurrectas (dando lugar a la conocida como
batalla de Madrid). La estrategia de los sublevados, que pretendía acceder a la
capital desde el norte y desde el sur, fracasó. Una acción importante en esta
primera fase, que en seguida quedaría en el elenco de “mitos” de la contienda,
fue la liberación de los rebeldes asediados en el Alcázar de Toledo (28 de
septiembre de 1936), defendido desde el 22 de julio por el coronel José
Moscardó ante el acoso de las tropas republicanas. Contando con las fuerzas de
África, así como con la ayuda alemana e italiana, Franco había avanzado
previamente sobre Andalucía y conseguido ocupar en agosto las plazas extremeñas
de Mérida y Badajoz, enlazando de esta manera con los sublevados del norte a lo
largo de la frontera portuguesa. Mola, a su vez, había logrado cortar la
frontera francesa al ocupar la ciudad guipuzcoana de Irún a principios de
septiembre.
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| General José Miaja |
La segunda fase no abandonó
la marcha sobre Madrid. Pero la batalla de Guadalajara (finales de marzo de
1937) se saldó con el éxito republicano, que tuvo presente el plan de ofensiva
previsto por el general José Miaja contra las tropas enviadas por Italia. Los
alzados decidieron entonces centrar sus principales operaciones en el norte.
Con el apoyo decisivo de la aviación integrada en la Legión Cóndor alemana, que
realizó una salvaje agresión a la localidad vizcaína de Guernica (26 de abril
de 1937), las tropas rebeldes rompieron las defensas de Bilbao (el llamado
“cinturón de hierro”) el 19 de junio de 1937, pocos días más tarde del
fallecimiento del general Mola en accidente de aviación. En agosto (un mes
después de obtener la victoria en la batalla de Brunete), esas mismas tropas
entraron en Santander y, en octubre, tomaron las ciudades asturianas de Gijón y
Avilés, con lo que los rebeldes completaban la última etapa de la ocupación de
la zona norte.
A partir de finales de
1937 comenzó la tercera fase. Los republicanos, siguiendo los planes del
general Vicente Rojo, conquistaron en enero de 1938 Teruel, ciudad que no
obstante perdieron al mes siguiente. En julio de ese año comenzó la dura y
decisiva batalla del Ebro, en la que la derrota del Ejército republicano
(noviembre de 1938) dejó despejada la ruta para el avance de los sublevados
hacia Cataluña. En los últimos días de enero de 1939, las tropas franquistas se
instalaron en Barcelona, para avanzar en fechas sucesivas hacia la frontera
francesa y ocupar los pasos desde Puigcerdá hasta Portbou (Girona). La ofensiva
final (febrero-marzo de 1939) tuvo por objeto quebrantar las posiciones
republicanas todavía pendientes, situadas en la zona centro y en el sur
peninsular. A principios de marzo de ese año fracasó el criterio de mantener la
resistencia defendido por el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín,
debido a la creación en Madrid del Consejo Nacional de Defensa. Este organismo,
que encabezó el jefe del Ejército del Centro, el coronel Segismundo Casado,
destituyó a Negrín y procuró alcanzar una paz honrosa con el gobierno
franquista de Burgos después de hacerse con el control de Madrid mediante un
cruento enfrentamiento entre las propias tropas republicanas. Sin embargo, no
prosperaron sus gestiones encaminadas a lograr una paz acordada. Las tropas
franquistas entraron en Madrid el 28 de marzo. Tres días más tarde, el gobierno
republicano perdió las últimas plazas todavía fieles. El 1 de abril la guerra
había terminado, no así las represalias.
Desarrollo Político de la Tienda
Si toda guerra reclama
prestar atención a los “hechos de armas”, necesariamente conviene asimismo
atender al entramado político que determinó las actuaciones de cada bando.
Mucho más si, situados en el final del conflicto, tenemos en cuenta la agonía
de la experiencia republicana y el proceso que se inició de forma inmediata
tras el estallido de la guerra y que permitió la implantación de un nuevo
Estado dirigido por el general Franco.
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| Juan Negrín. |
Por parte del gobierno
republicano, la jefatura pasó sucesivamente de manos del azañista y dirigente
de Izquierda Republicana, José Giral (19 de julio de 1936), a Francisco Largo
Caballero (5 de septiembre de 1936) y de éste a Juan Negrín (desde el 18 de
mayo de 1937 hasta el final de la guerra) —los dos últimos pertenecientes al
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)—, en lo que bien puede definirse como
una pugna entre dos prioridades: desarrollar un proceso revolucionario o
apostar por ganar la guerra primero.
Manuel
Azaña, presidente de la República, sustituyó el 19 de julio de 1936 al
dimitido presidente del gobierno Santiago Casares Quiroga por Diego Martínez
Barrio, quien no llegó a jurar el cargo. No obstante, Azaña nombró ese mismo
día a José Giral jefe del gabinete. Tan pronto como este último asumió las
responsabilidades de gobierno, la autoridad del poder central se descompuso y
se crearon numerosos poderes locales de carácter popular y espontáneo que
generaron divisiones intensas y supusieron la pérdida de la unidad política e
incluso militar en el ámbito republicano.
El debilitamiento de autoridad,
al que aludiría el propio Azaña en su obra teatral La velada de Benicarló
(1937), y los avances de las fuerzas rebeldes, explican el cambio de Giral por
Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936), que ejercía su prestigio y
autoridad sobre los obreros principalmente desde la dirección de la Unión
General de Trabajadores (UGT), el sindicato afín al PSOE. Largo Caballero hizo
cuanto pudo por controlar la situación revolucionaria y formó un gobierno de
concentración con presencia de socialistas, comunistas, una minoría de
republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. Dos meses después incorporó a
militantes de la central obrera anarcosindicalista Confederación Nacional del
Trabajo (CNT), cuya fuerza era destacada en Aragón, Cataluña y Valencia. Con
todo, el enfrentamiento entre las dos tendencias ya aludidas (revolución o guerra)
—y ello pese a que durante el gobierno de Largo Caballero mejoró la
coordinación en el Ejército republicano— dio al traste con esta experiencia
porque fue incapaz de hacer amainar las disputas entre las principales
corrientes políticas de la coalición gubernamental.
En mayo de 1937, Azaña
puso las riendas del gobierno en manos de Negrín, que pronto sería acusado de
estar dominado por los comunistas. Negrín prescindió de inmediato de los
anarcosindicalistas y orientó su gestión hacia la victoria militar; la
revolución debía esperar. Pero los avatares bélicos desencadenaron una nueva
crisis gubernamental en abril de 1938. Desde entonces, Negrín pasó a desempeñar
también el cargo de ministro de la Defensa Nacional (anterior Ministerio de la
Guerra), que venía ejerciendo el socialista Indalecio Prieto. Los denominados
trece puntos de Negrín (nombre por el cual fue conocido el acuerdo propuesto
por el presidente del gobierno republicano a las fuerzas franquistas, como base
de una posible negociación), promulgados el 1 de mayo de ese año, en un afán
por restablecer una democracia consensuada sobre principios alejados del
conflicto bélico, no consiguieron recomponer la unidad del Ejército republicano
ni sostener el escaso apoyo internacional, debilitado a medida que se retiraban
los voluntarios extranjeros que habían formado parte de las Brigadas
Internacionales.
El éxito definitivo de la ofensiva franquista sobre Cataluña, a principios de febrero de 1939, impidió que dieran fruto las garantías que el gobierno republicano pedía de cara a la paz: independencia de España y rechazo de cualquier injerencia exterior, que el pueblo pudiera decidir libremente acerca del futuro del régimen, así como garantía de evitar persecuciones y represalias después de la guerra. Estas condiciones propuestas por Negrín en las Cortes reunidas el 1 de febrero de 1939 en Figueras (Girona) no fueron aceptadas por el gobierno de Burgos, que presumía concluir la guerra en breves días. En efecto, la reunión de las Cortes republicanas en Figueras fue la última que tuvo lugar en suelo español. Antes de esa fecha se celebraron reuniones de las Cortes en distintas sedes, dependiendo de las propias circunstancias militares de la contienda. Las primeras tuvieron lugar en Valencia (diciembre de 1936 y febrero y octubre de 1937), en tanto que las postreras se produjeron en distintas zonas del territorio catalán, tales como Montserrat (febrero de 1938), San Cugat del Vallés (septiembre de 1938) y Sabadell (octubre de 1938).
En lo que respecta a la zona sublevada (denominada “nacional” tanto por las propias fuerzas rebeldes como por la historiografía favorable a las mismas), se dictaron paulatinamente medidas políticas al compás de las acciones bélicas, que fueron aplicadas en los territorios ocupados desde el principio y en todos aquellos que se incorporaban tras los éxitos militares rebeldes. La primera y pronta medida adoptada por los insurrectos fue la creación en Burgos de la Junta de Defensa Nacional, el 24 de julio de 1936, que presidió el general Miguel Cabanellas por ser el militar más antiguo e integraron en calidad de vocales los generales Emilio Mola, Fidel Dávila, Andrés Saliquet, Miguel Ponte y los coroneles Fernando Moreno y Federico Montaner.
A finales de septiembre de ese año, la Junta de Defensa Nacional designó a Franco generalísimo de las fuerzas sublevadas (principal jefe militar de las mismas) y jefe del gobierno. Así, el 1 de octubre de 1936 se hizo oficial el acceso de Franco a la jefatura militar y política de quienes se autodenominaban “nacionales”, cargos a los que él mismo unió el de jefe del Estado. Esta medida tuvo su complemento en el llamado Decreto de Unificación (19 de abril de 1937), por medio del cual se creó Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), única formación política legal del nuevo régimen —llamado “Movimiento Nacional” por sus partidarios— que fundía los núcleos falangistas y tradicionalistas (carlistas). Esa operación política agudizó las tensiones latentes entre los falangistas desde que, en noviembre de 1936, fuera ajusticiado por los republicanos José Antonio Primo de Rivera, fundador y jefe nacional de Falange Española. El nuevo jefe nacional falangista, Manuel Hedilla, se opuso al decreto unificador, por lo que fue arrestado junto con sus seguidores.
En enero de 1938 se formó el primer gobierno “nacional” presidido por Franco, tras la disolución de la Junta Técnica de Estado, que había sido creada en octubre de 1936 inicialmente como una entidad de apoyo gubernamental a la primigenia Junta de Defensa Nacional. El primer gobierno franquista estuvo compuesto tanto por militares como por figuras civiles falangistas, tradicionalistas y monárquicas. Entre sus miembros cabe destacar a los generales Francisco Gómez Jordana (vicepresidente del gobierno y ministro de Asuntos Exteriores), Severiano Martínez Anido (responsable del Ministerio de Orden Público) y Fidel Dávila (ministro de la Defensa Nacional), al ingeniero naval Juan Antonio Suances (encargado del Ministerio de Industria y Comercio), así como al abogado y cuñado de Franco Ramón Serrano Súñer (ministro de Interior y secretario del Consejo de Ministros), al notario y falangista Raimundo Fernández Cuesta (responsable del Ministerio de Agricultura) y al escritor y político monárquico Pedro Sainz Rodríguez. Asimismo, el 9 de marzo de 1938 se promulgó el Fuero del Trabajo, que acabada la guerra alcanzaría el rango de ley fundamental y, por tanto, entraría a formar parte del peculiar constitucionalismo propio del franquismo.
La Internacionalización del Conflicto
Si bien es cierto que
la guerra comenzó como un conflicto interno 'nacido en suelo español y a la
manera española' (en palabras de Salvador de Madariaga), no pudo mantenerse
ajena al entorno internacional debido a sus propias raíces ideológicas. Ambos
bandos reclamaron inmediatamente apoyos de otras potencias extranjeras, según
el panorama existente en la alineación del mundo en la década de 1930, hasta el
extremo de que algunos vieron en el conflicto un prólogo de un nuevo
enfrentamiento mundial. Si no lo fue, al menos consiguió implicar a la mayoría
de partidos políticos y potencias europeas. Hoy nadie pone en duda que la
intervención extranjera contribuyó tanto a prolongar la contienda como al
futuro del “Movimiento Nacional”. La primera fase de urgencia (julio-agosto de
1936) llevó, por un lado, al gabinete presidido por Giral a solicitar el
auxilio del gobierno del Frente Popular francés (presidido por el socialista
Léon Blum) y, por el otro, a los rebeldes a concretar el inicial apoyo prestado
por Italia (gobernada por el fascista Benito Mussolini) y Alemania (con el
nacionalsocialista Adolf Hitler en el poder).
El Frente Popular español
contó con el apoyo primigenio de Francia y de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS). Sin embargo, el temor del gobierno francés a
crear una situación conflictiva en todo el continente frenó su ayuda y se
acogió a la política de no intervención que, propugnada por el gobierno
británico, asimismo acabaría aplicando la Sociedad de Naciones. Francia cerró
su frontera a la entrada de material bélico destinado a cualquiera de los
contendientes, con lo que en realidad perjudicó notablemente al gobierno
republicano. Por su parte la URSS, gobernada por Iósiv Stalin, tras comprobar
la participación activa y directa de italianos y alemanes, rechazó la política
de no intervención. Su apoyo resultó fundamental en blindados, aviones y
equipos de asesores militares. En tanto que los rebeldes recibieron aviones,
armamento y combatientes de Italia y Alemania (valga como ejemplo la Legión
Cóndor), así como la ayuda de los voluntarios portugueses, enviados por el
gobierno encabezado por António de Oliveira Salazar, además de otras
colaboraciones.
Entre los auxilios recibidos
por el gobierno republicano merecen recordarse las Brigadas Internacionales: la
III Internacional (también conocida como Komintern) creó un comité
internacional para organizar a sus miembros, que contó con la participación de
los dirigentes comunistas Palmiro Togliatti y Josip Broz (Tito).
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| De pie, André Marty |
Participaron
en ellas voluntarios de distintos países movidos por sentimientos
antifascistas, cuyo número es difícil de precisar (tal vez, unos 40.000) a
causa de los relevos producidos en sus filas durante el transcurso de la
guerra. El centro de reclutamiento estuvo en París y entre sus gestores cobró
especial relieve el dirigente comunista francés André Marty. Los primeros
brigadistas llegaron al puerto español de Alicante en octubre de 1936 para
continuar hasta Albacete, en donde se formó la XI Brigada, que pronto participó
en la batalla de Madrid. Su intervención al lado de la causa republicana duró
hasta octubre de 1938.
En medio de todo este
proceso destacó de manera especial lo que se conoció como la política de no
intervención asumida por la Sociedad de Naciones, que, en principio, suponía la
prohibición de exportar cualquier material de guerra, sin más compromisos por
parte de los gobiernos. En septiembre de 1936 nació en Londres el Comité de No
Intervención, integrado por los embajadores residentes en la capital británica
con el objeto de reducir el conflicto al ámbito nacional. Sin embargo, a la
vista de las numerosas violaciones del compromiso, las medidas adoptadas por el
Comité de No Intervención no resultaron efectivas y, desde luego, no impidieron
que las potencias extranjeras apostaran por uno u otro contendiente, si bien la
mayor beneficiada de la actitud de las democracias occidentales acabó siendo la
causa franquista, auxiliada de forma reiterada por las potencias del Eje.
Por lo que se refiere
al apoyo soviético, la financiación de los suministros bélicos entregados al
gobierno republicano se relacionó con las reservas del Banco de España. Dos
terceras partes del oro guardado en el banco nacional salieron hacia Moscú, en
concepto de depósito primero, y como pago por aquellos suministros
posteriormente. El famoso “oro de Moscú” sería un asunto controvertido y
utilizado como propaganda por el gobierno franquista. Mientras éste recibió a
crédito suministros alemanes e italianos, que fueron abonados en parte después
de finalizar la guerra, el gobierno republicano agotó las reservas para pagar
la ayuda soviética.
Consecuencias
Bélicas
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| Bombardeos sobre la ciudad de Barcelona. |
La principal consecuencia
de la Guerra Civil española fue la gran cantidad de pérdidas humanas (tal vez
más de medio millón), no todas ellas atribuibles a las acciones propiamente
bélicas y sí muchas de ellas relacionadas con la violenta represión ejercida o
consentida por ambos bandos, entre las que se pueden incluir también las
muertes producidas por los bombardeos sobre poblaciones civiles.
En lo que respecta al aspecto económico, las consecuencias principales fueron la pérdida de reservas, la disminución de la población activa, la destrucción de infraestructuras viarias y fabriles, así como de viviendas —todo lo cual provocó una disminución de la producción—, y, en fin, el hundimiento parcial del nivel de renta. La mayoría de la población española hubo de padecer durante la contienda y, tras terminar ésta, a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, los efectos del racionamiento y la privación de bienes de consumo.
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